La transparencia en México empacó sus cosas y se fue de descanso… al menos hasta el verano. Con la extinción oficial del INAI, el acceso a la información pública quedó suspendido. Las solicitudes dirigidas al Congreso, el Poder Judicial, la Presidencia y demás entes federales no podrán procesarse hasta junio, según el nuevo cronograma gubernamental. Todo esto, claro, mientras se termina de instalar la pomposamente nombrada “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.
Aunque el gobierno asegura que este cambio es para mejorar la eficiencia y combatir la corrupción, en los hechos significa que por al menos dos meses nadie podrá exigir cuentas. En un país donde los escándalos se cocinan a fuego lento entre documentos clasificados, esta pausa no es solo incómoda: es peligrosa.
Analistas, académicos y ciudadanos ya alzaron la voz ante lo que consideran una regresión disfrazada de renovación. La transparencia no se fortalece cerrando puertas, y mucho menos justo cuando más se necesita. Pero bueno, con eso de que estamos en año electoral, quizá conviene que la cortina esté un poco más baja… y las preguntas incómodas, bien guardadas.
