Ciudad Juárez, julio de 2025.— Como si la pandemia no nos hubiera dejado heridas suficientes, Ciudad Juárez enfrenta ahora el escándalo del crematorio Plenitud, donde fueron hallados 386 cuerpos humanos apilados, embalsamados y abandonados durante años, algunos desde 2020. Lo que comenzó como un hedor insoportable reportado por vecinos de la colonia Granjas Polo Gamboa, terminó por destapar uno de los episodios más macabros y vergonzosos en materia de salud pública, legalidad y negligencia institucional.
Cremaciones que nunca sucedieron
Durante la pandemia de COVID‑19, cuando el país entero fue paralizado para evitar contagios y los fallecidos debían incinerarse de inmediato por protocolo sanitario, muchas familias acudieron al crematorio Plenitud en busca de un servicio seguro y digno. Pagaron por urnas que supuestamente contenían las cenizas de sus seres queridos. Pero lo que obtuvieron, años después, fue una verdad que huele peor que la descomposición: cuerpos amontonados, sin refrigeración, sin incinerar, y en algunos casos, reemplazados por tierra o piedras.
Sí, mientras los negocios cerraban, las calles eran patrulladas y los hospitales no permitían despedidas, Plenitud operaba como un depósito de cadáveres sin control, con un horno averiado desde hacía al menos tres años, según confirmó la Fiscalía. Aun así, el establecimiento seguía aceptando cuerpos y generando ingresos… bajo la complaciente ceguera de las autoridades.
Impacto sanitario: el riesgo invisible
Expertos en salud pública advierten que mantener cadáveres embalsamados sin refrigeración ni cremación por años representa un riesgo biológico severo. Pueden proliferar bacterias patógenas, generarse gases tóxicos y facilitar focos infecciosos, especialmente si las muertes fueron por enfermedades respiratorias como el COVID‑19. Aunque los contagios post mortem por SARS-CoV-2 son poco comunes, la descomposición masiva en zonas urbanas sin condiciones sanitarias adecuadas sí compromete la salud colectiva.
En un intento tardío por reparar el daño, autoridades utilizan cámaras frías donadas durante la pandemia para preservar los restos. Sin embargo, la identificación avanza con desesperante lentitud. Hasta el 21 de julio, solo 11 cadáveres habían sido plenamente identificados y 9 entregados a sus familias. Técnicas como la rehidratación de tejidos para recuperar huellas dactilares y análisis genéticos están en marcha, pero los efectos del abandono son difíciles de revertir.
Engaño, lucro y delito
Los propietarios del crematorio, José Luis A. C. y Facundo M. R., fueron vinculados a proceso penal por inhumación ilegal, fraude, y delitos contra la salud pública. Según testimonios, muchos clientes creyeron haber recibido cenizas reales y solo ahora descubren la verdad. El Código Nacional de Procedimientos Penales tipifica como delito el riesgo deliberado de propagación de enfermedades durante contingencias sanitarias, con agravantes si hay dolo o lucro indebido.
Pero lo más indignante no es solo el actuar criminal de los empresarios. Lo realmente escandaloso es la cadena de negligencia institucional que permitió que esto ocurriera ante los ojos (o más bien la vista gorda) de las autoridades.
¿Y las autoridades? Bien, gracias.
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), encargada de supervisar funerarias, no inspeccionó Plenitud desde 2022. La Dirección de Ecología Municipal permitió que el permiso de impacto ambiental caducara en 2023 sin emitir alertas, y la Dirección de Protección Civil Municipal jamás detectó irregularidades, a pesar de ser parte del entramado que debía vigilar instalaciones de riesgo sanitario.
¿El resultado? Cientos de cuerpos acumulados durante años, a unos pasos de casas habitación, en un local sin refrigeración, con un horno muerto y un sistema de salud pública enterrado por la omisión.
Y no se trata de una falta administrativa menor. La Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Artículo 52 de la Ley General de Salud contemplan sanciones como la destitución del cargo y la inhabilitación por hasta 10 años para funcionarios que pongan en riesgo la salud pública por omisión. El Código Penal del Estado de Chihuahua, en su Artículo 274, castiga la negligencia con consecuencias sanitarias con hasta 6 años de prisión y sanciones económicas. Pero hasta el momento, ningún titular de estas dependencias ha sido cesado ni imputado.
El mensaje es claro: si abandonas a tu familiar en la calle, eres un criminal. Pero si eres funcionario y dejas 386 cadáveres abandonados en un crematorio… bueno, te espera una rueda de prensa y una investigación “en curso”.
Dignidad enterrada, impunidad viva
Las familias afectadas no solo han sido víctimas del engaño y del mal manejo sanitario, sino también de la revictimización institucional. Creyendo haber despedido dignamente a sus seres queridos, ahora enfrentan la posibilidad de haber vivido un duelo sobre una mentira.
Organizaciones de derechos humanos exigen que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, y que se conforme un comité independiente de observación. También han solicitado al Congreso local que se cree un registro público nacional de cuerpos y cremaciones, para evitar que estas prácticas ocurran de nuevo bajo el manto de la opacidad.
Conclusión: la memoria no se quema
Lo que ocurrió en Plenitud no fue un accidente, ni un descuido. Fue un crimen sistémico, con víctimas, responsables y, sobre todo, cómplices silenciosos. Mientras los afectados enterraban a sus muertos con lágrimas y protocolos, otros los usaban como inventario para lucrar. Y mientras la ciudadanía exige justicia, las autoridades se excusan con comunicados que huelen tan mal como los cuerpos que dejaron pudrirse en silencio.
Este escándalo no se resolverá con detenciones aisladas ni con promesas huecas. Se necesita justicia, memoria… y, sobre todo, que el Estado pida perdón no solo por mirar hacia otro lado, sino por habernos hecho creer que la muerte, al menos, tenía dignidad.
