CDMX-Chihuahua.— El Instituto Nacional Electoral (INE) está por meter lupa (y bisturí) a 26 candidaturas federales, de las cuales 18 están bajo sospecha de no tener “buena reputación”. Así, con esa frase tan elegante como subjetiva. La Cámara de Diputados y el Senado tienen que presentar pruebas sólidas, si es que quieren anular las candidaturas… pero ojo: solo si los cuestionados ganan este 2 de junio.
Y mientras en el INE afinan lupa y calculadora, en Chihuahua las cosas arden: el Consejo de la Judicatura del Estado suspendió por un año (sí, pero con 30% del sueldo para “necesidades apremiantes”) al ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Sepúlveda Reyes, y al magistrado Jorge Ramírez Alvídrez. ¿El motivo? Un clásico: la bóveda digital más cara del hemisferio. Costaba 7.8 millones, pero la pagaron en 14.2. Puro arte de magia presupuestal.
Los flamantes funcionarios judiciales, claro, se dicen perseguidos políticos. Pero el sobreprecio del 82% en plena licitación nocturna (con facturas a la medianoche y “estudios” al día siguiente) levanta cejas y sospechas… incluso de quienes ya las traían tatuadas.
Conclusión objetiva: Ambos casos reflejan una preocupante falta de controles en el ejercicio del poder, tanto en el ámbito electoral como judicial. Que se exija “buena reputación” a los aspirantes a cargos públicos es loable, pero debe basarse en pruebas claras y no en argumentos vagos o selectivos. Por su parte, el caso de los magistrados evidencia cómo la corrupción puede disfrazarse de legalidad si no hay vigilancia efectiva. El reto está en que las instituciones encargadas de sancionar actúen sin simulaciones… y sin compadrazgos.
