Juan Pablo Penilla Rodríguez.
La reciente designación de Juan Pablo Penilla Rodríguez, reconocido abogado penalista y asesor jurídico de Ismael “El Mayo” Zambada, ha generado una intensa controversia política en México. Penilla Rodríguez fue nombrado asesor honorífico en el gobierno de Tamaulipas, homenajeado en la Cámara de Diputados y fotografiado junto a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su campaña presidencial.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha señalado estos hechos como evidencia de una presunta relación entre Morena y figuras vinculadas al narcotráfico. Diputados panistas, como Federico Döring, Héctor Saúl Téllez y Jorge Triana, han manifestado su preocupación por lo que consideran una alianza entre Morena y cárteles del crimen organizado. “Cada vez es más evidente el pacto entre Morena y los cárteles del crimen organizado”, afirmaron en un comunicado.
En respuesta, Morena y el gobierno de Tamaulipas se han deslindado de cualquier vínculo con Penilla Rodríguez. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, declaró que, tras una revisión exhaustiva, no existe registro de que Penilla haya formado parte de la asesoría legal durante la campaña presidencial de 2024. Por su parte, el gobierno de Tamaulipas informó que el nombramiento de Penilla como asesor honorífico fue anulado y que actualmente no ocupa ningún cargo en la administración estatal.
Además, se ha revelado que en 2023, Penilla Rodríguez fue reconocido en la Cámara de Diputados como “Embajador Internacional por la Paz”, evento promovido por la entonces diputada del PAN, María Teresa Castell. Este hecho ha sido destacado por Morena para señalar que el PAN también ha tenido interacciones con el abogado.
La polémica se intensificó tras la difusión de una carta en la que “El Mayo” Zambada solicita asistencia consular para su repatriación a México, mencionando a Penilla Rodríguez como uno de sus asesores jurídicos. Este documento ha sido utilizado por ambos partidos para acusarse mutuamente de vínculos inapropiados.
Mientras tanto, la opinión pública permanece atenta al desarrollo de estos acontecimientos, que ponen en el centro del debate la relación entre actores políticos y figuras relacionadas con el crimen organizado en México.
