Pemex ha desatado una nueva controversia al otorgar un contrato de 11 mil millones de pesos a la empresa QMAX para encargarse del proceso de deshidratación y desalado del crudo en la refinería Dos Bocas. Sin embargo, la compañía no tiene experiencia en la industria petrolera y hasta julio de 2024 estaba en bancarrota, con una deuda de 185 millones de dólares, según documentos presentados ante la petrolera estatal.
El contrato originalmente pertenecía a Química Apollo, una empresa especializada en estos procesos. Sin embargo, Pemex la desconoció unilateralmente, lo que ha generado conflictos legales y problemas en el suministro de químicos esenciales para el procesamiento del crudo. Esta situación ha derivado en la entrega de petróleo con niveles de agua y sal seis veces superiores a lo permitido, lo que ha provocado multas y penalizaciones por parte de refinerías en Estados Unidos y Canadá.
Las críticas no se han hecho esperar, pues este escándalo ocurre en un contexto donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado en varias ocasiones la complejidad de la administración pública. En 2019, llegó a afirmar que “gobernar no tiene mucha ciencia” y que lo más importante es el sentido común. Ahora, sus opositores aseguran que decisiones como esta demuestran que su gobierno no solo careció de ciencia, sino también de criterio y responsabilidad.
Ante la crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el problema y aseguró que el gobierno ya trabaja en una solución. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de decisiones ponen en riesgo no solo la operatividad de Pemex, sino también la reputación de México en el mercado internacional.
Mientras tanto, la incertidumbre crece y la pregunta sigue en el aire: ¿Qué podría salir mal cuando se entrega un contrato millonario a una empresa en bancarrota y sin experiencia?
