En las últimas semanas, el estado de Sinaloa ha sido testigo de un creciente descontento ciudadano ante la crisis de inseguridad. La indignación se intensificó tras el asesinato de Antonio Sarmiento y sus hijos Alexander y Gael, de 12 y 9 años, respectivamente, en Culiacán, lo que desató protestas exigiendo la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya.
Durante un reciente partido en el Estadio de los Tomateros de Culiacán, los asistentes corearon “¡Fuera Rocha!” y exhibieron pancartas demandando paz y seguridad. Este es el tercer evento en una semana donde la ciudadanía manifiesta su descontento hacia la gestión del gobernador.
El reclamo también llegó al Congreso del Estado, donde manifestantes colocaron un ataúd simbólico con la frase “Justicia muerta en Sinaloa, fuera Rocha”, exigiendo acciones concretas contra la violencia y la inseguridad.
En respuesta, Rocha Moya declaró que respeta el derecho a la protesta, pero considera que el foco debe estar en la delincuencia, no en su administración. Asimismo, ha enfatizado que la destitución de un mandatario no corresponde al Gobierno federal, sino a los mecanismos establecidos en la legislación local.
La posibilidad de una revocación de mandato ha sido planteada, pero la legislación estatal exige reunir firmas equivalentes al 10% de la lista nominal en al menos once municipios, y solo puede iniciarse tras tres años de gobierno.
