A partir del 1 de enero de 2025, México implementó reformas constitucionales que otorgan nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y amplían el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
Facultades de Investigación para la SSPC
La reforma al artículo 21 de la Constitución permite que la SSPC, bajo la dirección de Omar García Harfuch, participe en la investigación y persecución de delitos, en coordinación con el Ministerio Público y la Guardia Nacional. Esta medida busca fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad pública en el país.
Ampliación de la Prisión Preventiva Oficiosa
Asimismo, se ha reformado el artículo 19 de la Constitución para incluir nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos:
- Extorsión.
- Delitos relacionados con la producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados.
- Falsificación de comprobantes fiscales y fraudes fiscales.
Esta ampliación tiene como objetivo enfrentar de manera más efectiva delitos que han mostrado un incremento significativo y representan una amenaza para la sociedad.
Publicación en el Diario Oficial de la Federación
Las reformas fueron publicadas en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Gobernación el 31 de diciembre de 2024, tras ser aprobadas por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales durante la administración de Claudia Sheinbaum.
Implicaciones de las Reformas
Estas modificaciones forman parte del denominado Plan C, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y buscan reforzar la estrategia de seguridad nacional, otorgando mayores herramientas a las autoridades para combatir delitos de alto impacto y mejorar la procuración de justicia en el país.
Sin embargo, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa ha generado debate entre especialistas y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales y la presunción de inocencia.
Con la entrada en vigor de estas reformas, se espera una reconfiguración en las estrategias de seguridad y justicia en México, enfocadas en enfrentar de manera más contundente los desafíos que representan el crimen organizado y los delitos fiscales.
