La reforma de “supremacía constitucional” en México establece que la Constitución tiene prioridad sobre cualquier norma o resolución, incluyendo las decisiones del Poder Judicial, como el juicio de amparo. Desde una perspectiva jurídica, este cambio plantea serias implicaciones para la protección de los derechos humanos, derechos individuales y las garantías judiciales, ya que limita la capacidad de intervención del Poder Judicial frente a posibles violaciones a estos derechos. Al considerar que cualquier modificación constitucional debe prevalecer, los ciudadanos se ven con menos herramientas para cuestionar reformas que puedan afectar derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la igualdad y la libertad.
Esta reforma también afecta los derechos individuales, como el derecho a un juicio justo, la privacidad y la seguridad, los cuales dependen históricamente del amparo para protegerse contra abusos. Con la reducción de la efectividad del amparo, los ciudadanos quedarían en una posición de vulnerabilidad frente al poder legislativo y ejecutivo, y sin mecanismos eficaces para defenderse de reformas que puedan lesionar sus derechos individuales.
Asimismo, el debilitamiento de las garantías judiciales y del equilibrio de poderes en el sistema mexicano supone un riesgo para el Estado de Derecho, al concentrar mayor autoridad en el Congreso y el Ejecutivo. Al eliminar la posibilidad de revisión judicial ante modificaciones constitucionales, esta reforma podría limitar los derechos fundamentales y dejar a los ciudadanos en mayor indefensión ante posibles abusos de poder.
