Ciudad de México.— La polémica sigue rodeando a Silvia Delgado García, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y recientemente nombrada jueza penal en Chihuahua. Tras una ola de críticas mediáticas por su designación, la funcionaria presentó denuncias por violencia política de género contra 14 medios de comunicación y periodistas que cuestionaron su candidatura.
La estrategia legal ha despertado debate en círculos académicos, periodísticos y de derechos humanos, pues aunque Delgado sostiene que se busca frenar ataques basados en estereotipos de género, diversas organizaciones advierten que este tipo de recursos podría convertirse en un mecanismo de censura. Artículo 19, asociación defensora de la libertad de expresión, señaló que los cuestionamientos hacia la trayectoria y perfil de un funcionario forman parte del escrutinio público legítimo en una democracia.
La controversia resalta el delicado equilibrio entre proteger los derechos de las mujeres en la vida pública y garantizar la libertad de prensa. El caso se mantiene bajo seguimiento nacional, pues podría marcar un precedente sobre los límites entre la crítica periodística y la violencia política de género en México.
