Los Ángeles, California.— Lo que comenzó como un operativo migratorio terminó con soldados en las calles y familias rotas por la incertidumbre. Este domingo, el presidente Donald Trump ordenó el envío de hasta 2,000 elementos de la Guardia Nacional a Los Ángeles para contener las protestas que estallaron tras una serie de redadas masivas contra personas migrantes, muchas de ellas de origen mexicano.
El viernes, agentes de ICE irrumpieron en fábricas, tiendas y barrios enteros, llevándose a decenas de trabajadores —algunos con más de una década en el país, padres y madres con hijos ciudadanos—. Las imágenes de jornaleros detenidos frente a Home Depot y obreros sacados a la fuerza de sus empleos recorrieron las redes y desataron la indignación. La respuesta fue inmediata: protestas en las calles, gritos de “¡Ningún ser humano es ilegal!” y comunidades exigiendo respeto, no miedo.
Pero en lugar de escuchar, el gobierno federal respondió con fuerza militar. La Guardia Nacional ahora patrulla zonas donde antes solo había familias trabajadoras. Líderes locales como el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass han acusado a Trump de usar a los militares para intimidar a los migrantes. Mientras tanto, padres no saben si volverán a ver a sus hijos esta noche, y muchas madres mexicanas rezan desde Juárez, Chihuahua o Puebla, esperando una llamada que confirme que su ser querido sigue libre.
Este despliegue no solo es histórico por su magnitud, sino por lo que representa: una fractura entre el poder federal y los gobiernos que defienden a su gente. Y sobre todo, un recordatorio de que para miles de familias, vivir en Estados Unidos no significa estar a salvo.
