No se trata solo de un hashtag viral. Tampoco es solo una marcha más. Lo que está ocurriendo con el llamado #DomingoNegro revela una fractura cada vez más visible entre el gobierno federal y una parte significativa de la sociedad mexicana. El próximo 1 de junio, las y los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a quienes deberán impartir justicia: jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte. Una medida que el gobierno federal promueve como “democracia directa”, pero que muchos expertos y colectivos denuncian como una bomba de tiempo contra la legalidad y la división de poderes.
La iniciativa ha polarizado al país. Para algunos, es una apertura inédita al control ciudadano; para otros, es una maniobra de control institucional disfrazada de participación. Lo que sí es un hecho es que el ambiente huele más a campaña política que a reforma judicial.
JUSTICIA O ESPECTÁCULO ELECTORAL
Claro que muchos de los y las postulantes cuentan con experiencia, credenciales sólidas y trayectorias respetables. Hay perfiles técnicos, académicos brillantes y jueces de carrera que merecen estar ahí. Pero también —y esto no lo dicen los spots oficiales— hay nombres manchados por la corrupción, el nepotismo y hasta por procesos judiciales pasados.
Y sin filtros reales, sin debates públicos obligatorios, sin mecanismos ciudadanos de evaluación, todo se reduce a quién tiene más recursos, más estructura… o el respaldo de un partido político.
Porque sí: los pasillos del Poder Judicial, del Congreso e incluso del INE murmuran lo que ya muchos sospechan: los partidos están detrás de varios nombres, operando candidaturas, organizando estructuras y ensayando discursos como si esto fuera una contienda electoral más. Total, México lindo y querido… donde hasta los jueces hacen campaña.
EL ANÁLISIS LEGAL: ¿AVANCE O REGRESIÓN?
Desde una mirada jurídica, el proceso representa una grave violación al principio de imparcialidad judicial. El derecho no se ejerce por mayoría de votos, se ejerce por respeto a la ley. Y poner a la justicia en manos del humor electoral puede convertirla en un instrumento del poder de turno.
Sin perfiles mínimos, sin reglas claras, sin procesos de evaluación ciudadana real, el voto se vuelve un mero ritual. Una puesta en escena democrática que esconde una jugada estructurada de control institucional.
¿ABSTENERSE ES RENDIRSE… O RESISTIR?
Colectivos ciudadanos, activistas, juristas, empresarios y hasta expolíticos están promoviendo la abstención como forma de protesta activa. No es apatía: es rechazo. Un rechazo a ser parte de una simulación que podría tener consecuencias devastadoras.
Lo verdaderamente alarmante es que nadie —ni el INE, ni el Poder Judicial, ni el Ejecutivo— ha logrado ofrecer garantías suficientes. Vamos a votar por personas que ni siquiera conocemos, en un proceso sin precedentes, y en medio de una crisis de legitimidad institucional.
CONCLUSIÓN: UN VOTO QUE PODRÍA COSTARNOS LA DEMOCRACIA
¿Estamos ante un ejercicio de soberanía o ante un golpe institucional lento y bien disfrazado? La moneda está en el aire. Lo que decida la ciudadanía este domingo marcará no solo el futuro de la justicia, sino el tipo de país que estamos dispuestos a seguir permitiendo.
Y como dicen entre dientes en más de una institución: “Ojalá ganen los buenos… pero los malos ya empezaron la campaña hace tiempo.”
