Caracas.— Nicolás Maduro volvió a encender la polémica internacional al acusar al gobierno de Estados Unidos de haber “secuestrado” a menores venezolanos, comenzando por el caso de Maikelys Espinoza, una niña de 2 años separada de su madre tras una deportación. Según el mandatario, agentes migratorios estadounidenses le arrebataron la custodia a la mujer sin pruebas, y trasladaron a la menor a un hogar sustituto bajo el argumento de que sus padres pertenecían al grupo criminal Tren de Aragua.
Lo que Maduro describe como un “crimen internacional”, Washington lo justifica como una decisión legal basada en motivos de seguridad nacional. El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. afirmó que los padres de Maikelys tenían vínculos criminales, por lo que la menor fue colocada bajo protección infantil. No obstante, tras casi un año separada de su familia, una orden judicial permitió su repatriación a Venezuela, en un vuelo con otros migrantes deportados. Lo curioso es que, tras acusar a EE.UU. de secuestro, Maduro agradeció a Donald Trump y a su enviado especial por permitir el regreso de la niña, celebrándolo como “un acto profundamente humano”.
Pero el presidente venezolano no se detuvo ahí. En una nueva denuncia pública, aseguró que hay otros menores venezolanos “secuestrados” en Estados Unidos, y que ni la ONU ni sus agencias han hecho nada al respecto. Mientras tanto, organismos como UNICEF, que sí intervino en la repatriación de Maikelys, han guardado discreción. Y aunque la narrativa oficial de Caracas habla de una cruzada heroica contra el imperialismo, medios independientes y agencias internacionales coinciden en que no existió un secuestro como tal, sino una separación legal dentro del marco de la política migratoria estadounidense.
¿Estamos frente a una violación de derechos humanos o ante un discurso propagandístico? En medio del fuego cruzado diplomático, lo cierto es que una niña estuvo casi un año lejos de su madre, y eso, más allá del discurso, sigue siendo un síntoma de un sistema roto.
