Por Eco del Norte
Estados Unidos ha intensificado su intervención en asuntos internos de México bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. La reciente acusación de narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega y su hijo, líderes del grupo Beltrán Leyva, marca un precedente alarmante. Simultáneamente, la administración de Donald Trump ha revocado visas a políticos mexicanos, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Estas acciones unilaterales han generado tensiones diplomáticas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado categóricamente la presencia de fuerzas extranjeras en territorio mexicano, enfatizando la inviolabilidad de la soberanía nacional. Además, ha cuestionado la falta de transparencia en las decisiones de EE.UU., especialmente en casos como el traslado sin previo aviso de 17 familiares de Ovidio Guzmán a California.
Mientras tanto, la DEA ha acusado a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación de operar con impunidad en México debido a supuestas alianzas con funcionarios de todos los niveles. Sin embargo, estas acusaciones contrastan con la realidad en EE.UU., donde también existen casos de corrupción y narcotráfico dentro de sus propias fuerzas armadas.
La narrativa estadounidense de lucha contra el narcotráfico parece ignorar su propia responsabilidad en la crisis de drogas. El consumo masivo de drogas en EE.UU. y el tráfico de armas hacia México son factores que alimentan la violencia en nuestro país. Es irónico que mientras se señala a México, se omita la introspección sobre los problemas internos que contribuyen a esta problemática.
En conclusión, la estrategia de EE.UU. de intervenir en asuntos internos de México bajo el pretexto de combatir el narcotráfico es cuestionable. Es esencial que ambos países trabajen en colaboración, respetando la soberanía y abordando las causas fundamentales del problema, en lugar de recurrir a medidas unilaterales que solo exacerban las tensiones diplomáticas.
