El gabinete de seguridad de Israel aprobó una nueva fase de su ofensiva terrestre en Gaza, con el objetivo de controlar completamente la Franja y debilitar a Hamás. La estrategia implica el desplazamiento forzado de civiles, el bloqueo total de ayuda humanitaria y la ocupación sostenida del territorio, lo que ha encendido las alarmas de la comunidad internacional.
Organismos como Amnistía Internacional han calificado esta campaña como genocidio, señalando ataques masivos a infraestructura civil, el uso del hambre como arma de guerra y condiciones de vida que buscan destruir a la población gazatí. Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia mantienen procesos abiertos para investigar posibles crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional.
Mientras tanto, la situación humanitaria es devastadora: millones de personas sin acceso a comida, agua o atención médica, hospitales en ruinas y una infancia rota por la guerra. Las imágenes que salen desde Gaza muestran no solo destrucción, sino desesperación.
A nivel regional, la tensión también aumenta. Los hutíes en Yemen han intensificado ataques contra Israel en respuesta al “crimen de genocidio” en Gaza. La comunidad internacional se enfrenta a una disyuntiva moral y política: presionar por el cese al fuego, o permitir que la tragedia continúe.
