En un movimiento que ha encendido las alarmas en el ámbito judicial, Nacional Financiera (Nafin) transfirió más de 10 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación, sin consultar ni notificar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Estos recursos estaban destinados a cubrir indemnizaciones para jueces y magistrados que optaran por no participar en la próxima elección judicial o que no resultaran electos, conforme a lo estipulado en la reciente reforma al Poder Judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la acción, argumentando que los fondos se utilizarán para fortalecer al ISSSTE y mejorar los servicios de salud para los trabajadores del Estado.
Sin embargo, el CJF ha calificado la transferencia como irregular y ha anunciado que emprenderá acciones legales para recuperar los recursos.
Este conflicto subraya las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y plantea interrogantes sobre la autonomía y el respeto a las decisiones judiciales en el país.
