La polémica comenzó cuando Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del crimen organizado en México, envió una carta al gobierno mexicano desde su detención en Nueva York. En el documento, fechado el 20 de febrero de 2025, exigió su repatriación, argumentando que su traslado a EE. UU. fue ilegal y advirtió que, si México no interviene, la relación bilateral con Washington podría “colapsar”. Su captura en julio de 2024 en Texas, presuntamente tras ser entregado por Joaquín Guzmán López, lo ha llevado a enfrentar cargos graves y la posibilidad de la pena de muerte.
Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará el caso, aunque descartó que la relación con EE. UU. esté en riesgo. Según su postura, no se trata de defender a Zambada, sino de analizar si su traslado violó la soberanía nacional. Sin embargo, esta respuesta ha generado cuestionamientos, ya que algunos consideran innecesario que el gobierno atienda la demanda de un líder criminal con décadas de operaciones clandestinas.
En redes sociales, el término “colapso” se ha vuelto tendencia, desatando todo tipo de especulaciones. Algunos creen que Zambada podría revelar información comprometedora si no es repatriado, mientras que otros lo ven como una simple estrategia para evitar la pena de muerte. También hay críticas al gobierno, pues se cuestiona por qué analiza su caso mientras el país enfrenta problemas de seguridad más urgentes.
El tema sigue abierto y plantea varias preguntas: ¿qué hará el gobierno mexicano? ¿Zambada realmente tiene información capaz de afectar la relación con EE. UU.? ¿O solo busca presionar para mejorar su situación? Lo que es seguro es que este caso ha reavivado el debate sobre la soberanía, la justicia y la influencia del crimen en la política mexicana.
