Estados Unidos ha endurecido su postura contra el crimen organizado en la región. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa a varios grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que amplía las herramientas legales para sancionarlos e incluso justificar acciones más agresivas en su contra. Esta decisión ha generado preocupación en América Latina, especialmente en México, donde el gobierno de Claudia Sheinbaum ha calificado la medida como un riesgo para la soberanía nacional.
Entre los grupos incluidos en la lista destacan organizaciones de México, Colombia, Venezuela y El Salvador. En México, figuran la delincuencia organizada vinculada a Sinaloa, Jalisco y Michoacán, mientras que en Colombia ha sido designado el Clan del Golfo. También se encuentran la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador y el Tren de Aragua en Venezuela. Con esta designación, EE.UU. podrá congelar activos, aplicar sanciones económicas y reforzar operativos dentro y fuera de su territorio.
Desde México, la presidenta Sheinbaum ha rechazado categóricamente cualquier intervención unilateral. En un mensaje a medios, aseguró que la lucha contra el crimen es un asunto interno y que el país no permitirá acciones que violen su soberanía. Sin embargo, analistas advierten que esta medida podría ser utilizada como justificación para una mayor presión política y militar por parte de EE.UU., lo que abre un nuevo frente de tensión entre ambas naciones.
La declaración de estos grupos como terroristas no solo impacta en el ámbito diplomático, sino también en el financiero y judicial. Empresarios, funcionarios o cualquier persona sospechosa de colaborar con estas organizaciones podría enfrentar sanciones bajo las leyes antiterrorismo de EE.UU. A medida que avanza el proceso electoral en ese país, este tipo de medidas podrían convertirse en un tema clave para la campaña de Trump, quien busca fortalecer su discurso en materia de seguridad y narcotráfico.
