El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 21 de enero de 2025 una orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía automática para niños nacidos en territorio estadounidense de padres inmigrantes en situación irregular o con visas temporales. La medida, que entrará en vigor el 19 de febrero, busca combatir el “turismo de maternidad” y establece que solo serán ciudadanos al nacer los hijos de ciudadanos o residentes permanentes legales.
Esta decisión desafía la interpretación histórica de la Enmienda 14 de la Constitución, en vigor desde 1868, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense. La orden ejecutiva ha generado una ola de demandas, incluyendo 22 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, que calificaron la medida de inconstitucional.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), también han interpuesto acciones legales, señalando que la medida es inconstitucional y causará perjuicios significativos a las familias afectadas.
Expertos anticipan que el caso llegará a la Corte Suprema, dado su potencial impacto en las políticas migratorias y en el principio constitucional de ciudadanía por nacimiento, donde se determinará la constitucionalidad de la orden,
